2026 llamada a la acción – September 28 Campaign

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Solidaridad en acción: Avanzar en la justicia reproductiva y fortalecer urgentemente los sistemas de salud para una atención integral del aborto

Nuestro compromiso

Por medio de este Llamado a la Acción en este #September28, que marca el Día Internacional del Aborto Seguro de 2026, reafirmamos nuestro compromiso con la #SolidaridadEnAcción para exigir servicios y atención de aborto seguros, accesibles y de calidad para todas las personas, en todas partes. Ninguna persona debería ser penalizada por sus decisiones reproductivas, obligada a continuar un embarazo, a someterse a un aborto o a revelar decisiones personales sobre su reproducción debido a la presión de familiares, parejas, comunidades, instituciones o prestadores de servicios de salud.

La justicia reproductiva solo puede lograrse plenamente cuando somos libres de ejercer nuestra autonomía corporal y acceder a los servicios de salud que necesitamos sin juicios, castigos ni barreras. Este Llamado a la Acción exige firmemente avanzar en la justicia reproductiva y fortalecer los sistemas de salud de modo que reconozcan la atención integral del aborto (AIA) como una parte esencial de los servicios de salud.

El aborto es un servicio de salud

Las personas buscan servicios de aborto en circunstancias diversas y por muchas razones diferentes, y merecen recibir una atención segura, oportuna, asequible, accesible, confidencial y respetuosa, libre de estigma, discriminación, coerción y violencia. La atención integral del aborto abarca información precisa, asesoramiento cuando se desea, aborto con medicamentos y mediante procedimientos, medicamentos e insumos con garantía de calidad, prestadores de servicios de salud capacitados y respaldados, vías de referencia (derivación), y seguimiento y atención posaborto. La atención integral del aborto es un componente esencial de los servicios de salud, y las personas merecen sistemas diseñados para brindar esta atención con dignidad, autonomía, seguridad y apoyo.

El aborto no puede tratarse como algo separado de los sistemas de salud en los que las personas reciben atención. Está vinculado a la atención primaria de salud, la salud sexual y reproductiva, la atención materna, los servicios de emergencia, los medicamentos esenciales, incluidos los métodos anticonceptivos modernos, el personal de salud, los sistemas de referencia (derivación) y los servicios comunitarios. Cuando los sistemas de salud cuentan con financiamiento adecuado, son accesibles y responden a las necesidades de las personas, estas pueden acceder mejor a toda la gama de atención que necesitan. Cuando se debilitan, las consecuencias se extienden a lo largo de todo el continuum de servicios de salud, en particular para las comunidades que ya enfrentan múltiples formas de discriminación y exclusión interrelacionadas.

Cuando se atacan los derechos, todas las personas pagamos el precio

Un sistema de salud no puede ser universal si excluye a las personas de la atención que necesitan. La cobertura universal de salud debe incluir la atención integral del aborto. El reconocimiento legal por sí solo no garantiza un acceso efectivo: las personas pueden seguir enfrentando barreras económicas, geográficas, administrativas, institucionales, sociales y discriminatorias para acceder a la atención. Por lo tanto, para avanzar en la justicia reproductiva es necesario eliminar estas barreras y garantizar que los sistemas de salud sean capaces de brindar atención integral del aborto a todas las personas que la necesiten.

En las últimas décadas, los actores antiderechos se han vuelto cada vez más coordinados y transnacionales, posicionándose en espacios políticos, institucionales, multilaterales y diplomáticos. Comparten recursos, estrategias, narrativas y tácticas para restringir el acceso al aborto, difundir desinformación, socavar la autonomía corporal y debilitar los movimientos por la justicia reproductiva. Cada vez más, se apropian del lenguaje de los derechos humanos, la cultura, la familia y la salud pública para legitimar políticas que niegan a las personas la autonomía sobre su cuerpo y su vida.

Estos esfuerzos se llevan a cabo en medio de presiones políticas y económicas más amplias sobre los sistemas de salud, incluidos recortes a los presupuestos de salud pública, inversiones insuficientes en el personal de salud, escasez de medicamentos esenciales y el debilitamiento de la atención primaria y comunitaria. Estas presiones tienen consecuencias que van mucho más allá del acceso al aborto seguro y a la atención integral y segura del aborto. La falta de recursos y de atención a la salud también ha debilitado el acceso a la anticoncepción, la atención materna, la prevención y el tratamiento de las ITS, la detección del cáncer, los cuidados de emergencia y otros servicios esenciales. Por lo tanto, fortalecer los sistemas de salud es inseparable de fortalecer los servicios de aborto y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas.

Cuando los sistemas de salud fallan o no logran satisfacer la demanda, la carga no se distribuye de manera equitativa. Las personas con mayores recursos pueden tener la posibilidad de viajar, pagar por atención privada o desenvolverse en sistemas fragmentados, mientras que las personas que viven en la pobreza, las comunidades rurales y geográficamente aisladas, los pueblos indígenas, las comunidades negras y afrodescendientes, las personas jóvenes, las personas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas, las personas LGBTQIA+ y las personas afectadas por conflictos y crisis enfrentan barreras acumuladas. Por lo tanto, los sistemas de salud deben abordar las desigualdades estructurales y garantizar modelos de atención culturalmente seguros, que respondan a las necesidades de las comunidades y sean antirracistas, para revertir los efectos persistentes del colonialismo y la discriminación.

Solidaridad en acción: un llamado a nuestro movimiento

Hacemos un llamado a nuestras alianzas en todo el movimiento más amplio por la justicia social para que se unan a nosotras y nosotros en tomar acción por el derecho a una atención del aborto segura, accesible e integral. Juntas y juntos, mediante #SolidaridadEnAcción, podemos avanzar en la justicia reproductiva, fortalecer los sistemas de salud, defender la autonomía corporal y construir un futuro en el que todas las personas puedan acceder a la atención que necesitan.

La solidaridad en acción significa más que defender el derecho al aborto cuando está bajo amenaza. Significa construir las condiciones en las que ese derecho pueda hacerse realidad y sostenerse. Significa conectar los movimientos con los sistemas de salud, las comunidades con los prestadores de servicios, el conocimiento con la acción y los recursos con las personas y organizaciones que realizan este trabajo. También significa reconocer los sistemas indígenas, afrodescendientes y comunitarios que durante mucho tiempo han sostenido la salud reproductiva, el cuidado colectivo, el acompañamiento y la autonomía corporal. Debemos seguir construyendo conexiones entre movimientos, generaciones, regiones y luchas, y compartir conocimientos, recursos, estrategias, protección, plataformas y poder. Formamos parte de un ecosistema diverso de justicia reproductiva que incluye a personas que buscan un aborto, prestadores de servicios de salud, trabajadores y trabajadoras comunitarios de salud, doulas y acompañantes, fondos y líneas de atención sobre aborto, movimientos feministas y LGBTQIA+, defensoras y defensores jurídicos, investigadores, comunicadores, periodistas, tecnólogos, desarrolladores, responsables de políticas públicas, gobiernos, financiadores y muchas otras personas que hacen posible la atención y el acceso al aborto.

Este 28 de septiembre, hacemos un llamado a todas las personas para convertir la solidaridad en acción: defender el aborto como un servicio de salud, eliminar las barreras que impiden el acceso a la atención, avanzar en la justicia reproductiva, fortalecer los sistemas de salud y los sistemas de salud comunitarios que hacen posible el acceso, y construir un futuro en el que todas las personas puedan acceder a la atención que necesitan con dignidad, autonomía, seguridad y apoyo.

Juntas y juntos, estamos construyendo las condiciones para la libertad reproductiva, no solo para proteger los avances que hemos logrado, sino también para ampliar el acceso, fortalecer los sistemas de salud y hacer realidad la atención integral del aborto para todas las personas.

Recomendaciones

Hacemos un llamado a los gobiernos para que:

Reconozcan el aborto como un servicio de salud esencial e integren la atención integral del aborto en la cobertura universal de salud y en los sistemas nacionales de salud.
Despenalicen el aborto y eliminen las barreras legislativas, administrativas, financieras e institucionales que retrasan o impiden el acceso a la atención.
Garanticen el acceso a una atención del aborto segura, oportuna, asequible, confidencial y libre de estigma, que incluya medicamentos con garantía de calidad, prestadores de servicios capacitados, vías de referencia (derivación) y atención posaborto integral.
Fortalezcan los servicios de salud primarios, comunitarios y descentralizados, incluidos modelos adecuados de autogestión del aborto, telesalud y atención comunitaria.
Protejan al personal de salud, prestadores de servicios comunitarios, doulas, acompañantes, defensoras y defensores, y personas que buscan un aborto frente a la penalización, la vigilancia, el acoso y la violencia.
Garanticen que la atención integral del aborto siga disponible durante conflictos, emergencias humanitarias, desastres y otras crisis, y aborden las barreras acumuladas que enfrentan las comunidades marginadas.
Proporcionen educación integral en sexualidad e información precisa, accesible y basada en evidencia sobre salud reproductiva, incluso mediante canales e idiomas que lleguen a las personas jóvenes y a las comunidades desatendidas.
Garanticen servicios de aborto y de salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR) adaptados a adolescentes y jóvenes, que protejan la confidencialidad, la privacidad, la toma de decisiones informadas y la no discriminación, y eliminen las barreras innecesarias creadas por el estigma, la edad o las actitudes de los prestadores de servicios.
Establezcan mecanismos eficaces de rendición de cuentas cuando se niegue un servicio de aborto legalmente permitido, e involucren de manera significativa a las comunidades afectadas en la formulación y el monitoreo de las políticas y servicios de salud. Garanticen mecanismos accesibles y confidenciales de denuncia y referencia (derivación) para las personas que experimenten negación de atención, discriminación, coerción, estigma o malos tratos dentro de los servicios de aborto.
Garanticen que los servicios de aborto y de salud sexual y reproductiva sean accesibles, aceptables, culturalmente pertinentes y estén disponibles en los idiomas que las comunidades comprenden y utilizan, en particular para los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las minorías lingüísticas y las poblaciones geográficamente marginadas.
Aborden el racismo, la discriminación y los legados coloniales dentro de los sistemas de salud mediante capacitación, mecanismos de rendición de cuentas y la participación significativa de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la formulación, la aplicación y el monitoreo de las políticas.

Hacemos un llamado a las instituciones, financiadores y socios para el desarrollo a nivel mundial para que:

Reconozcan la atención integral del aborto como esencial para la cobertura universal de salud, la justicia reproductiva, la igualdad de género y los derechos humanos.
Inviertan en sistemas de salud sólidos, equitativos y resilientes que integren los servicios de aborto junto con la atención primaria de salud, la salud materna, la anticoncepción, los servicios para las ITS, la atención del cáncer, los cuidados de emergencia y los medicamentos esenciales.
Proporcionen financiamiento básico, flexible, a largo plazo y sostenible para los servicios de aborto y para el ecosistema más amplio que hace posible el acceso, incluidos los servicios comunitarios, la investigación, la incidencia política, el apoyo jurídico, el acceso digital y la construcción de movimientos.
Destinen recursos al ecosistema más amplio de servicios de aborto, incluidos prestadores de servicios, trabajadores comunitarios de salud, doulas, acompañantes, líneas de atención, fondos para el aborto, grupos de asistencia jurídica, investigadores y organizaciones feministas.
Prioricen financiamiento directo, flexible y a largo plazo para movimientos de base, liderados por jóvenes, personas LGBTQIA+, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y comunidades, en particular aquellos que trabajan con comunidades que enfrentan las mayores barreras, y reduzcan las barreras innecesarias de intermediación y administrativas que limitan su acceso a recursos.
Consideren la resiliencia, la seguridad y la sostenibilidad de los movimientos como prioridades financiables, en particular a medida que los entornos políticos y de financiamiento se vuelven más restrictivos y los actores contrarios a los derechos fortalecen la coordinación y movilización transfronterizas.
Defiendan las normas internacionales de derechos humanos y exijan a los gobiernos que rindan cuentas por sus obligaciones de proteger los derechos a la salud, la vida, la privacidad, la igualdad, la autonomía corporal y la libertad frente a la discriminación.
Protejan y defiendan las normas internacionales vigentes de derechos humanos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en los procesos multilaterales, y se resistan a los esfuerzos por debilitar, condicionar o socavar compromisos acordados anteriormente.

Hacemos un llamado a las organizaciones mediáticas y a quienes cuentan historias para que

Reconozcan el aborto como un servicio de salud y lo aborden como una cuestión de salud, derechos humanos y justicia reproductiva, en lugar de presentarlo únicamente como una polémica política y moral.
Cuenten historias precisas, matizadas y libres de estigma que se centren en las voces, experiencias y capacidad de decisión de las personas que buscan un aborto, así como de los prestadores de servicios, trabajadores comunitarios y movimientos.
Cuestionen la información errónea, la desinformación, el estigma y las narrativas perjudiciales relacionadas con el aborto, incluso examinando cómo los actores antiderechos influyen en el discurso público.
Utilicen un lenguaje, imágenes y enfoques responsables, y eviten sensacionalizar el aborto o exponer a las personas a riesgos, acoso o penalización innecesarios.
Generen espacios para las voces de las personas jóvenes, marginadas y subrepresentadas, y apoyen la narración de historias en idiomas locales y por medio de las plataformas que las comunidades realmente utilizan.
Utilicen el poder de la cultura popular y las artes, el periodismo, los podcasts, el cine y la narración digital para transformar las narrativas públicas: de presentar el aborto como una polémica a reconocerlo como atención, un servicio de salud y una cuestión de justicia.
Promuevan narrativas que reflejen la diversidad de las experiencias de aborto, incluidas las de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las poblaciones rurales, las personas migrantes y quienes viven en la intersección de múltiples formas de discriminación.
Pongan en el centro a las personas que han vivido experiencias de aborto como expertas y portadoras de conocimientos, reconociendo el valor de sus vivencias —incluidas las experiencias de acceso a los servicios de aborto seguro o de haber experimentado un aborto inseguro o inaccesible— para la formulación de estrategias de políticas, sistemas de salud, incidencia política, investigación y movimientos. Garanticen que las vivencias se incorporen de manera ética y no extractiva, con consentimiento informado, capacidad de agencia, seguridad, dignidad y control sobre cómo se comparten las experiencias, sin prácticas que puedan causar daño, reforzar el estigma o socavar los esfuerzos para mejorar los servicios de aborto.

Hacemos un llamado a las empresas de tecnología, plataformas digitales y desarrolladores para que:

Protejan el acceso a información precisa sobre el aborto y la salud reproductiva y pongan fin a la censura, eliminación, reducción de visibilidad o supresión injustificadas de contenido legítimo de salud.
Establezcan políticas de moderación de contenidos y de plataformas transparentes y basadas en derechos que no equiparen la información sobre SDSR basada en evidencia con contenidos prohibidos.
Aborden la amplificación de la desinformación relacionada con el aborto, a la vez que protegen la capacidad de los prestadores de servicios de salud, defensoras y defensores, investigadores y comunidades para difundir información confiable.
Protejan a las personas que buscan, brindan y apoyan la atención del aborto frente al acoso en línea, la exposición maliciosa de información personal (doxxing), la vigilancia, las amenazas y los abusos coordinados.
Creen tecnologías accesibles, seguras, que protejan la privacidad e inclusivas, que apoyen el acceso a información, la orientación hacia servicios, la referencia (derivación), la comunicación y la atención comunitaria.
Garanticen que los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial no reproduzcan sesgos contra el aborto, información errónea ni barreras discriminatorias al acceso a la información y los servicios de salud reproductiva.
Involucren de manera significativa a prestadores de servicios de salud, movimientos feministas y de justicia reproductiva, defensoras y defensores de los derechos digitales, desarrolladores y comunidades afectadas en la creación y la gobernanza de tecnologías que determinen el acceso a la atención y la información.

Hacemos un llamado a la sociedad civil, nuestras alianzas y los movimientos para que:

Reconozcan la justicia del aborto como parte fundamental de la justicia reproductiva e inseparable de las luchas más amplias por la cobertura universal de salud, la justicia de género, la justicia económica, la justicia para las personas con discapacidad, los derechos LGBTQIA+, la justicia racial, la justicia para las personas migrantes, los derechos laborales, la paz y la democracia.
Apoyen a las personas que buscan un aborto y a quienes brindan, acompañan, apoyan, defienden y abogan por los servicios de aborto.
Conviertan la solidaridad en una acción sostenida compartiendo recursos, datos, conocimientos, estrategias, plataformas, protección y poder entre movimientos, generaciones y fronteras.
Fortalezcan la coordinación y el intercambio de información entre movimientos nacionales, regionales y mundiales para monitorear las iniciativas emergentes antiderechos, prever narrativas y estrategias restrictivas y responder colectivamente en espacios nacionales y multilaterales.
Cuestionen el estigma, la información errónea y la exclusión relacionados con el aborto dentro de nuestras comunidades y movimientos, a la vez que recuperamos narrativas que afirman el aborto como atención y como un servicio de salud.
Pongan en el centro el liderazgo y las vivencias de las personas jóvenes y las comunidades más afectadas por la injusticia reproductiva, y procuren que sean responsables de la toma de decisiones y líderes de los movimientos, en vez de ser tratadas únicamente como beneficiarias.
Fortalezcan los sistemas comunitarios de atención, acompañamiento, ayuda mutua, investigación, documentación e incidencia política liderados por las comunidades, a la vez que exigen que los gobiernos cumplan con su responsabilidad de proporcionar servicios de salud pública accesibles.
Construyan solidaridad entre movimientos y transfronteriza para hacer frente a la movilización coordinada de actores antiderechos mediante una acción colectiva coordinada, creativa y sostenida.
Utilicen la incidencia política, la narración de historias, la investigación y documentación, la organización, el litigio estratégico y la movilización pública para exigir rendición de cuentas a las instituciones y avanzar en la justicia reproductiva.
Reconozcan que la justicia reproductiva es inseparable de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes a la autodeterminación, la participación significativa, la integridad cultural y el acceso equitativo a los servicios de salud.

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