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¡El aborto seguro es una atención en salud que salva vidas!

El 28 de Septiembre — Día Internacional por el Derecho al Aborto Seguro — el imparable movimiento por el derecho al aborto se une en una solidaridad inquebrantable para recuperar la narrativa y defender el lema de este año: “¡El aborto seguro es una atención en salud que salva vidas!”

La falta de acceso a una atención de aborto segura, legal, oportuna, asequible y libre de estigmas constituye una crisis de salud pública y una violación de los derechos humanos de todas las personas que pueden quedar embarazadas. Cada día, mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas se ven obligadas a recurrir a procedimientos inseguros, una causa prevenible de muerte y morbilidad maternas.

El acceso a una atención de aborto segura e integral es un pilar de la salud reproductiva y un derecho humano fundamental. Sin embargo, fuerzas de derecha, nacionalistas, fundamentalistas religiosas y autoritarias están liderando campañas bien financiadas para restringir el acceso, difundir desinformación y revertir décadas de avances logrados por el movimiento por el derecho al aborto.

Estos ataques contra el derecho al aborto adoptan muchas formas, pero todos comparten un mismo propósito: negar a las personas el acceso a una atención esencial que salva vidas. Las leyes restrictivas y la criminalización impiden que mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas accedan a servicios de aborto seguro, forzando a muchas a situaciones peligrosas e inseguras.

El control de los derechos reproductivos ha sido desde hace tiempo una herramienta de dominación política. Hoy, gobiernos autoritarios y actores anti-derechos instrumentalizan los cuerpos de las mujeres para consolidar poder —con frecuencia bajo un discurso de “valores familiares”, “cultura tradicional” o “preservación cultural”. En realidad, estas políticas discriminatorias refuerzan agendas patriarcales que despojan a las personas de su dignidad y autonomía corporal. Los ataques también se extienden al espacio digital: se utilizan las plataformas en línea para difundir desinformación, profundizar el estigma en torno al aborto y lanzar campañas de difamación contra quienes defienden los derechos humanos.

Comunidades misóginas como la “manosfera” promueven roles de género regresivos y presentan al feminismo como una amenaza, alimentando una reacción más amplia contra los derechos reproductivos.
Pero estos ataques no son solo ideológicos, son sistémicos. Los gobiernos desvían enormes fondos públicos hacia la militarización, la vigilancia y las guerras en lugar de invertir en salud. Esta falta deliberada de financiamiento hace que el aborto seguro y otros servicios esenciales sean aún más inaccesibles, particularmente para las personas en situación de pobreza y en áreas geográficamente aisladas o desfavorecidas. Al mismo tiempo, los grupos de mujeres, las organizaciones de base y los movimientos de justicia social enfrentan una represión creciente: recortes que paralizan servicios esenciales, censura a medios independientes, acoso a personas defensoras, y la represión de protestas mediante intimidación, arrestos e incluso el etiquetado de activistas como “terroristas”. No son hechos aislados, sino parte de un esfuerzo más amplio por silenciar la disidencia y socavar la democracia.

Esta agenda opresiva no conoce fronteras: es una realidad global que enfrentan los movimientos feministas, LGBTQ+ y de justicia social. Su peso recae de manera desproporcionada en personas que ya son más marginadas y cargan con múltiples desigualdades: mujeres, jóvenes, personas en situación de pobreza, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con discapacidad y comunidades en contextos de conflicto o crisis humanitaria.

Estos ataques no se limitan al derecho al aborto: debilitan sistemas de salud enteros. Cuando las clínicas de salud reproductiva cierran, los servicios públicos ya sobrecargados no logran cubrir la creciente demanda de atención. Además, el desfinanciamiento de la salud va más allá de restringir el aborto: desmantela servicios esenciales como anticoncepción, pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS), atención materna y exámenes de detección de cáncer. El resultado es una crisis de salud pública que golpea con más fuerza a las comunidades de bajos ingresos, a la juventud y a las personas en áreas rurales, quienes dependen de estas clínicas como verdaderos salvavidas.

Sin embargo, a pesar de estos tiempos inciertos, nuestra fuerza colectiva sigue logrando avances. Lo vemos en el voto histórico de Gran Bretaña para despenalizar el aborto, en la victoria legal en Nigeria para las sobrevivientes de violación e incesto, en la adopción por Armenia de una estrategia de género basada en la SDSR, y en los progresos de Chile hacia la despenalización hasta las 14 semanas. Estos logros nos recuerdan el poder de la solidaridad. Juntas y juntos, como un movimiento imparable por el derecho al aborto, seguiremos avanzando — porque el aborto es atención en salud que salva vidas, y nuestros derechos deben ser respetados, protegidos y garantizados.

Hacemos un llamado a nuestras y nuestros aliados en todos los movimientos por la justicia y la igualdad para que se unan a nosotras en la defensa del derecho a una atención de aborto segura, legal, oportuna, asequible y libre de estigmas. Solo mediante la solidaridad podremos lograr la justicia reproductiva, proteger la autonomía corporal y garantizar la libertad reproductiva para todas las personas.

Llamamos a nuestros gobiernos a:

  • Respetar los derechos humanos mediante la creación de marcos legales y de políticas que despenalicen el aborto, deroguen leyes punitivas y eliminen todas las barreras que retrasen, obstruyan o nieguen el acceso a una atención segura, incluidas las esperas obligatorias, la consejería sesgada y la autorización de terceros.
  • Ampliar el acceso al aborto seguro asegurando políticas y programas inclusivos que amplíen las causales legales, extiendan los plazos máximos y garanticen que prestadores calificados y centros de salud puedan ofrecer servicios sin trabas innecesarias.
  • Proteger los derechos de mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas que buscan atención de aborto, junto con el personal de salud y defensoras de derechos humanos que garantizan el acceso a estos servicios esenciales.
  • Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, alineando las políticas nacionales con los estándares globales sobre derechos y justicia reproductiva.
  • Invertir en servicios y programas de salud y garantizar un sistema de salud universal, asequible y de calidad, que brinde aborto seguro y atención integral de salud reproductiva sin estigmas ni discriminación.
  • Implementar una educación integral en sexualidad y garantizar la disponibilidad y accesibilidad de información precisa y basada en evidencia, para que todas las personas puedan tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y vidas.
  • Detener la vigilancia, el acoso y la criminalización de feministas, activistas LGBTQ+ y defensoras de la SDSR que brindan atención y apoyo vital.
  • Proteger los derechos en situaciones de conflicto y crisis, asegurando el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción de emergencia, aborto seguro y consejería.
  • Garantizar los derechos de las personas con discapacidad eliminando barreras para los servicios de SDSR, asegurando accesibilidad y combatiendo el estigma y la discriminación.

Llamamos a las instituciones globales y organismos financiadores a:

  • Priorizar la SDSR, incluido el aborto seguro, en las agendas de salud y desarrollo global, como parte esencial de la igualdad de género, la justicia y el desarrollo sostenible.
  • Financiar los servicios de aborto seguro y los esfuerzos de incidencia, garantizando un financiamiento equitativo y sostenible para organizaciones de base y feministas, especialmente aquellas dirigidas por mujeres, jóvenes, personas LGBTQ+ y poblaciones clave.
  • Condenar y resistir los movimientos anti-derechos globales que instrumentalizan los “valores familiares” y la “cultura tradicional” para socavar la igualdad de género y los derechos humanos.
  • Apoyar los derechos digitales y el activismo feminista digital para contrarrestar la desinformación, la misoginia en línea y el auge de ideologías extremistas de la “manosfera”.
  • Fortalecer la solidaridad internacional protegiendo a las redes transnacionales de movimientos feministas y LGBTQ+ frente a la represión transfronteriza y a las condiciones restrictivas de los donantes.
  • Exigir a los gobiernos rendición de cuentas frente a sus obligaciones internacionales en derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida, la salud, la privacidad y a vivir libres de tortura y discriminación.
  • Integrar la salud sexual y reproductiva en la respuesta humanitaria en contextos de conflicto y crisis, asegurando que el aborto seguro esté disponible incluso en emergencias.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las personas comprometidas con la salud universal, la justicia reproductiva, la justicia social y los derechos humanos a solidarizarse con el imparable movimiento por el derecho al aborto. Juntas y juntos, reclamemos y afirmemos la verdad: el aborto es atención en salud que salva vidas, y nuestros derechos deben ser respetados, protegidos y garantizados. Les invitamos a organizar eventos y actividades, amplificar la información desde sus países y regiones, y movilizarse con nosotras este 28 de septiembre.¡El aborto seguro es una atención en salud que salva vidas!